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Precios Justos: qué negoció el Gobierno con cada sector y cómo se traducirá en las góndolas

El Gobierno avanzó sobre el cierre de la semana en su intento por lograr que los alimentos y otros bienes no suban al ritmo de la devaluación
El Gobierno avanzó sobre el cierre de la semana en su intento por lograr que los alimentos y otros bienes no suban al ritmo de la devaluación

Tras la suba de 22% del dólar oficial el último lunes y su fuerte impacto en la gran mayoría de los precios de la economía, que treparon en muchos casos entre 20% y 30%, el Gobierno avanzó sobre el cierre de la semana en su intento por lograr que los alimentos y otros bienes no suban en esos porcentajes, al menos hasta las elecciones del 22 de octubre.

En el primer caso, se están planteando incrementos del 5% mensual, que las empresas rechazan pero que por ahora están acatando -al menos las grandes-, mientras que en los rubros de indumentaria, calzado y electrónica, entre otros, la pauta para agosto alcanza al 12% para luego bajar al 5 o 6% en los meses siguientes. A cambio de estos incrementos por debajo de lo que significa el impacto de la devaluación, el Gobierno promete beneficios fiscales.

Parte de estos lineamientos fueron oficializados anoche por el equipo encargado de negociar precios. De acuerdo con un comunicado, se acordó con representantes de los supermercados un tope del 5% mensual por 90 días. Por ahora, y más allá de que las compañías de alimentos más grandes acataron y dieron marcha atrás con las listas de precios que habían enviado esta semana a los supermercados, ninguna firmó el nuevo acuerdo. La negociación está abierta, aseguran en el sector privado.

En los rubros de indumentaria, calzado y electrónica, entre otros, la pauta para agosto alcanza al 12% para luego bajar al 5 o 6% en los meses siguientes

En las últimas horas circuló un borrador del proyecto de decreto que saldría en los próximos días y que habilitaría a las empresas que acepten el acuerdo a elegir entre alguno de los beneficios mencionados en la norma.

Entre ellos, se destacan la eliminación del Impuesto PAIS para las posiciones arancelarias que defina luego Comercio; la eliminación de las retenciones también para los bienes que establezca luego la Secretaría y la prórroga de los vencimientos para el pago de impuestos, entre otros. Con alguno de estos beneficios, las empresas podrían compensar un 6% adicional, según trascendió oficialmente.

Este es el proyecto de decreto que circuló entre empresarios y que podría oficializar en breve el Gobierno
Este es el proyecto de decreto que circuló entre empresarios y que podría oficializar en breve el Gobierno

Mientras tanto, el presidente de la UIA y también de la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de Rioja, tiene el mandato de negociar con las autoridades –Guillermo Michel, de la Aduana, es quien lidera ahora estas discusiones- para intentar lograr un mayor incremento de precios, por lo menos en agosto, además de garantizar que se liberen todos los permisos de importación (SIRA) frenados hasta ahora.

No sólo no se aprueban SIRA, ni siquiera a plazos largos, sino que las empresas tampoco pueden concretar los pagos de autorizaciones vencidas, se quejan los industriales. Este es un tema que viene gestionando la UIA desde hace tiempo y en el que ahora Funes de Rioja insistirá fuertemente debido al actual contexto de precios.

“El Gobierno nos planteó que es momento de acompañar, que frenemos las listas que habíamos enviado y aumentemos solo 5% por mes. Y nos aseguran que el tipo de cambio quedará fijo hasta octubre y que habrá beneficios fiscales para compensar en parte lo que se pierde. Pero la idea, desde Copal, es pedirle al Gobierno que revise la medida porque es insostenible”, dijeron desde una alimenticia.

Las empresas más grandes acataron, por ahora, subir 5%, aunque desde los supermercados advierten que algunas están pidiendo cambio en las condiciones comerciales, como por ejemplo la fecha de pago, lo que indirectamente implica un aumento en el precio. De un plazo habitual de 30 días, algunas compañías exigen la cancelación de la compra en 7 días. Y en otros casos, en otros canales, ya se pide el pago contado.

Además, “todas están analizando qué diagonal encuentran para disminuir el volumen que venden en las cadenas o cambiar los sku, es decir, el código de referencia que tiene cada producto en la góndola”, dijeron en otra compañía miembro de Copal.

El Gobierno nos planteó que es momento de acompañar, que frenemos las listas que habíamos enviado y aumentemos solo 5% por mes. Y nos aseguran que el tipo de cambio quedará fijo hasta octubre (Copal)

“Tuvimos una primera reunión donde nos dijeron cómo va a ser. Pero la negociación continúa. Hay proveedores que nos están pasando aumentos de 25%. Estamos preocupados; existe la chance de no firmar el convenio. Tenemos que ver si con los beneficios que nos propongan compensamos o no, en ese momento haremos los números. Por ahora, estamos en un limbo”, dijeron en otra gran empresa de bebidas.

En el caso de las pequeñas y medianas empresas, al no ser consideradas por el Gobierno para firmar estos acuerdos, envían las nuevas listas de precios con porcentajes que oscilan entre 15% y 25%. Y lo mismo hacen, y profundizarán, las grandes empresas en el canal tradicional, es decir, en supermercados más chicos del interior, mayoristas y distribuidores. Si bien se trata de un canal fuertemente afectado por la caída en las ventas, donde hay ya poco margen para mayores incrementos, las subas de precios fueron y serán mayores que en los grandes supermercados, lo que ampliaría aún más la brecha de 26 puntos promedio que hoy existe.

Consultado un mayorista de la provincia de Córdoba, afirmó que la mayoría de las grandes empresas retrotrajo sus precios y la suba fue de 5%, mientras que las medianas y chicas ajustaron por encima de los 20 puntos. En algunos casos, como el del arroz, los incrementos llegaron al 30%, ya que además de la devaluación, hay faltantes por la sequía.

El 15 de agosto también vencieron los acuerdos de Precios Justos de otros sectores a los que el Gobierno les había pedido congelamiento por más de 60 días hasta las PASO. Se trata de los rubros de calzado deportivo, indumentaria, electrónica, celulares, línea blanca, motos y bicicletas.

Tras las reuniones con las alimenticias, desde la Secretaría de Comercio avanzaron en paralelo en negociaciones con algunos de estos sectores, con el mismo objetivo: lograr que no se desmadren los precios en los próximos 90 días.

El Gobierno busca extender los acuerdos de Precios Justos por 90 días, hasta las elecciones de octubre
El Gobierno busca extender los acuerdos de Precios Justos por 90 días, hasta las elecciones de octubre

Como se trató de rubros a los que se les pidió congelamiento, la autorización para agosto alcanza al 12%, pero para septiembre y octubre baja a 5 o 6%, dijeron algunos empresarios. Así se les planteó a las firmas de calzado deportivo y también a las de indumentaria.

En el caso de la electrónica, las negociaciones están más duras y aún no están cerradas. El piso de aumento que el sector pretende es 20%, ya que tienen casi el 80% de su costo en dólares (de hecho, las subas esta semana fueron incluso superiores), pero las pretensiones oficiales son mucho más bajas.

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