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La violencia en Ecuador escala a medida que el Estado declina

En los últimos años, Ecuador ha registrado un sensible aumento de la violencia y de la actividad de las organizaciones criminales.

Este robustecimiento de la ilegalidad se dio de manera simultánea y es directamente proporcional con el debilitamiento de las instituciones democráticas del país sudamericano, de unos 17 millones de habitantes.

El proceso de degradación del Estado social y de derecho ecuatoriano escribió un capítulo estrepitoso en la disputa presidencial del año pasado luego de que el exmandatario Guillermo Lasso disolviera la Asamblea Nacional a través del recurso constitucional conocido como “muerte cruzada” y convocara a comicios para renovar la presidencia, la vicepresidencia y la totalidad del Poder Legislativo con el fin de concluir el período constitucional 2021-2025.

Ese procedimiento extraordinario estuvo signado por la violencia política, incluido el asesinato del periodista y exasambleísta Fernando Villavicencio, quien aspiraba a la presidencia.

El elegido

En la segunda vuelta electoral, celebrada el 15 de octubre del año pasado, los ecuatorianos eligieron como presidente al joven empresario y exparlamentario Daniel Noboa, de Acción Democrática Nacional.

Durante la campaña, el nuevo mandatario prometió combatir el crimen organizado y a poco de asumir, en noviembre último, propuso llamar a un referéndum para consultar a la ciudadanía acerca de la implementación de medidas de seguridad más rigurosas en todo el país, que contemplan el involucramiento directo de las Fuerzas Armadas en el esquema de control interior y en el combate al narcotráfico y a las organizaciones delictivas.

La respuesta extremadamente violenta de los delincuentes que incluyeron amotinamientos en cárceles de todo el país con toma de agentes penitenciarios como rehenes y acciones terroristas impactantes, tales como la incursión armada al canal TC Televisión el 9 de enero, en Guayaquil, llevó al jefe de Gobierno a declarar el estado de “conflicto armado interno” contra el crimen organizado y a movilizar de manera coordinada a fuerzas policiales y militares con el propósito de recuperar el orden interno y el control.

Desde la implementación de ese esquema, fueron detenidas 2.369 personas, de las cuales 158 corresponden a arrestos por presunto terrorismo, según informó ayer el Ministerio de Gobierno y del Interior de Ecuador, a cargo de Mónica Palencia.

En el podio

Según el Observatorio del Crimen Organizado de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF, por sus siglas en inglés), la tasa de homicidios de Ecuador pasó de 13,7 por cada 100 mil habitantes en 2021, a 25,9 en 2022. El año pasado, no obstante, la media escaló hasta los 43 homicidios por cada 100 habitantes, lo que lo sitúa entre los tres países latinoamericanos más violentos, junto con Venezuela y Honduras.

Pasando en limpio: Ecuador cerró 2023 con un récord sombrío: casi 7.500 muertes violentas.

Asimismo, los registros que elabora el Ministerio del Interior ecuatoriano indican que al menos 770 asesinatos ocurridos el año pasado tuvieron como víctimas a niños, niñas o adolescentes. El número representa un aumento drástico del 640% con respecto a 2019, cuando se anotaron 104.

Niños y jóvenes, en alto riesgo

“En los últimos meses, las muertes violentas de niños, niñas y adolescentes aumentaron drásticamente debido a un incremento del crimen en varias partes de Ecuador”, señaló Garry Conille, director regional de Unicef para América Latina y el Caribe.

“También se reporta un aumento en el reclutamiento forzado de adolescentes por parte de grupos armados, y las instalaciones médicas y las escuelas están bajo asedio”, lamentó el funcionario de Naciones Unidas.

En ese escenario signado por la violencia en expansión, dos grandes bandas criminales –Los Choneros y Los Lobos– operan en alianza con narcotraficantes colombianos, mejicanos y albaneses que disputan el mercado de drogas en Ecuador.

En su lucha por el control territorial, las bandas criminales vienen intensificando en los últimos años los actos de violencia extrema, incluyendo crímenes atroces como la decapitación y el desmembramiento de personas, atentados con coche bombas y asesinato de jueces, fiscales, periodistas, dirigentes políticos, mandatarios y candidatos a cargos electivos, entre otros.

Uno de los últimos casos resonantes se registró esta semana. El fiscal César Suárez fue acribillado a balazos cuando circulaba en su automóvil, sin custodia, por el centro de Guayaquil.

El funcionario judicial buscaba determinar qué grupo criminal estuvo detrás de la toma violenta en plena transmisión de un programa del canal TC, el 9 de enero.

Más de 2.300 detenidos durante el “conflicto armado interno”

En los 10 días transcurridos desde que el presidente Daniel Noboa declarara el “conflicto armado interno ante el aluvión de atentados y acciones violentas atribuidos al crimen organizado y a actores beligerantes no estatales, se detuvo a 2.369 personas, de las cuales 158 fueron arrestadas por presunto terrorismo, según informó de manera oficial el Gobierno de Ecuador.

En ese lapso, además, fueron abatidos cinco presuntos miembros de algunas de las 22 organizaciones criminales que se disputan el control territorial para ejecutar acciones delictivas. También fueron asesinados dos policías y otros 11 fueron liberados de distintos secuestros perpetrados por bandas terroristas u organizaciones ajenas al Estado.

Incautaciones

Además, se incautaron 885 armas de fuego, 1069 armas blancas, 64 alimentadoras de armas, cerca de 26 balas y 4.639 explosivos.

Asimismo, se decomisaron más de 6,3 toneladas de drogas y más de 18.500 dólares en efectivo.

En el período de tiempo señalado se perpetraron 13 atentados a la infraestructura pública y privada y a 12 establecimientos policiales.

Para combatir el crimen organizado, el Gobierno realizó unos 26,5 mil operativos en el lapso de referencia, incluido el secuestro de 15 embarcaciones.

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