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España: por qué la amnistía fracasa por ahora

Como se sabe, en España la ley de la amnistía no pudo pasar el trámite parlamentario del pasado 30 de enero. Los nacionalistas catalanes de Junts per Catalunya votaron negativamente el pase de la ley al Senado español.

Las causas judiciales contra el independentismo que los jueces españoles blandieron antes del debate parlamentario pusieron en alerta a todo el independentismo, y la actitud de la judicatura supone ahora un obstáculo casi insalvable para el conjunto de fuerzas políticas que desearían la aprobación de esta ley.

Hay tres actores principales, con tres luchas diferenciadas pero entrecruzadas, que hay que desglosar para entender mejor la situación: El Psoe, Junts per Catalunya y los jueces.

El Psoe

La hemeroteca los delata: los socialistas españoles nunca han deseado la amnistía. De hecho, hace escasos meses declaraban vehementemente que era inconstitucional. Sólo a partir del resultado de las pasadas elecciones generales de julio de 2023, tuvieron que virar en redondo y empezar a dibujar un mapa político donde apareciera progresivamente la palabra “amnistía”.

Esa era la llave para que los independentistas catalanes dieran sus votos afirmativos a la investidura de Pedro Sánchez, como así sucedió.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez (izquierda), estrecha la mano del presidente de Cataluña, Pere Aragonès, durante una reunión en Barcelona, el jueves 21 de diciembre de 2023. (AP Foto/Emilio Morenatti)
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez (izquierda), estrecha la mano del presidente de Cataluña, Pere Aragonès, durante una reunión en Barcelona, el jueves 21 de diciembre de 2023. (AP Foto/Emilio Morenatti)

Una vez lograda la investidura, los socialistas tuvieron que continuar renegociando con el independentismo catalán, siempre a regañadientes.

Tuvieron en mente que la nueva ley evitara que los delitos de “terrorismo” fueran amnistiables, y es muy probable que no cedan demasiado en esto. Asumen el riesgo de que la Legislatura se pueda ir por la borda. Lo harán si pueden vender que no cedieron ante el independentismo y si las encuestas soplan a popa.

Muchos pesos pesados del partido son abiertamente nacionalistas españoles, les repele la amnistía y no quieren oír hablar de un futuro referéndum acordado que abra una grieta en el ordenamiento constitucional.

Eso explica la postura errática del Psoe, tanto a nivel nacional como internacional. Baste comentar que si bien los socialistas españoles en Bruselas prevén que la amnistía tenga efectos positivos para el Estado español –desactivaría las querellas de los independentistas en Europa–, no han dudado votar afirmativamente a una investigación formal en la UE de las conexiones del expresidente catalán Carles Puigdemont con la Rusia de Vladimir Putin.

Ante el desatino, el expresidente catalán denunció una persecución judicial: “Si hubiéramos apoyado a Feijóo (el actual líder conservador español), esto no pasaría”, afirmó.

Los socialistas controlan el gobierno, pero no el Estado. Dentro de este existe un deep-state, un aparato complejo que mueve los hilos de la política interna y externa con vasos comunicantes que van desde la monarquía a los militares, a la alta judicatura, al Partido Popular conservador español y a Vox.

Para ese deep-state la amnistía es una aberración jurídica y una enmienda insultante a todos los jueces que hicieron su trabajo protegiendo el Estado. Y eso es así aunque la futura ley –si finalmente da a luz– otorgue también las virtudes de la amnistía a todas las fuerzas policiales y a sus mandos policiales y políticos que dieron la orden de reprimir el referéndum catalán de 2017.

Tal y como muestra la cara de Felipe VI cuando comparte espacio con Pedro Sánchez, desearían a este fuera de juego.

Junts per Catalunya

El partido cercano a Carles Puigdemont, el expresidente catalán, recela tanto de la realpolitik socialista como de los jueces españoles, nicho de poder conservador y ultranacionalista que se arroga ahora con el derecho de ser un poder superior al Legislativo.

ARCHIVO - Manifestantes levantan un cartel del expresidente regional catalán Carles Puigdemont afuera del Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia, el 2 de julio de 2019. (AP Foto/Jean-Francois Badias, Archivo)
ARCHIVO – Manifestantes levantan un cartel del expresidente regional catalán Carles Puigdemont afuera del Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia, el 2 de julio de 2019. (AP Foto/Jean-Francois Badias, Archivo)

Si los socialistas acostumbran a decir una cosa y la contraria, los jueces, en cambio, son monolíticos en su “defensa a España”; algunos de estos jueces van armados con sumarios, los conocidos y los que no, y aprovechan ahora cualquier resquicio de la ley para imputar de nuevos cargos a los futuros receptores de la amnistía.

Muchas de sus investigaciones han sido elaboradas mediante investigaciones “prospectivas”, es decir: investigaciones realizadas sin indicios de delito utilizando topos, recortes de diarios y escuchas a través del programa espía Pegasus.

El temor es tan grande dentro de las filas del independentismo que incluso uno de los secretarios de la mesa del Parlamento catalán y miembro de Esquerra Republicana de Catalunya, Ruben Wagensberg, se exiló a Suiza el pasado 31 de enero por estar investigado por terrorismo junto con otras 31 personas, entre ellas, Puigdemont.

Convengamos que es realmente difícil asociar “terrorismo” con el proceso catalán, pero los jueces lo han hecho de manera desacomplejada y con procedimientos totalmente fuera de ley.

Baste mencionar el sumario del juez Garcia-Castellón donde se acusa de “terrorismo” a 31 personas que desconocían estar investigadas hasta hace muy poco.

Este desconocimiento por parte de los afectados vulnera el artículo 118 de la ley de enjuiciamiento criminal que dicta que cualquier persona “a quien se le atribuya un evento punible” pueda intervenir en las acciones y ejercer el legítimo derecho de defensa.

El juez no comunicó ni ordenó medidas de precaución contra los investigados, durante años, porque de esta manera les impedía acceder a la información de la causa. ¿Consecuencias para ese juez prevaricador? Ni están, ni se las espera.

Junts ha dejado muy claro que no votará una ley de amnistía que no incluya a “todos”, a los políticos de relevancia y a los independentistas de base cuyo único delito de “terrorismo” fue dejarse pegar por la Policía española.

Por eso, difícilmente dará su brazo a torcer ante un partido como el Psoe, que apoyó la intervención del autogobierno catalán y, ya en el gobierno, realizó políticas de interior propias de un estado policial.

El Psoe ha aplicado paños fríos estos últimos días y habló de reformar la definición de “terrorismo” en el código penal y modificar la ley de enjuiciamiento criminal para que haya un tope temporal a la instrucción de delitos.

No sabemos si eso será suficiente para los diputados catalanes de Junts; menos aún si logrará atajar la pulsión represiva de la judicatura.

Los jueces

Como es bien sabido, ante el órdago democrático que los catalanes hicieron al Estado español, el monarca español y el gobierno del popular Mariano Rajoy, dejaron al estamento judicial como el encargado de la difícil tarea de parar y reprimir legalmente a un movimiento de secesión no-violento.

Lo hicieron, pero tuvo las consecuencias que se pueden ver hoy en día. Conviene explicar que Carlos Lesmes, expresidente del Tribunal Supremo español, pronunció en diciembre del año 2018 un discurso para la apertura del año judicial en el que aseguró que el artículo 2 de la Constitución, que dicta sobre “la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”, no lo hace “a modo de frontispicio programático, sino como basamento último, nuclear e irreductible de todo el Derecho de un Estado”.

Lesmes añadió, posteriormente, que quienes profesan ideas independentistas son “ciudadanos cegados por la irracionalidad”.

El Poder Judicial en España creyó desde ese momento que su tarea principal era detener el independentismo, aunque eso implicara pisar a Montesquieu y a su separación de poderes.

Como el Rey, muchos jueces no se ven ellos mismos como árbitros, sino como actores políticos que ahora deben propagar que la amnistía promovida por el ejecutivo es una claudicación intolerable.

A fin de cuentas, el estamento judicial no deja de cumplir a pies juntillas los dictados del expresidente español José María Azar, quien sentenció en noviembre de 2023 que “todo aquel que pueda (ir contra el Psoe, contra la amnistía, contra el independentismo) lo haga”.

Dicho y hecho: jueces como Aguirre o García-Castellón han buscado cualquier grieta para torpedear el entendimiento del Psoe y los nacionalistas catalanes.

En la mira está evitar que Puigdemont vuelva a Catalunya aupado por las multitudes sin poder ser apresado y, en la medida de los posible, acelerar el fin de la legislatura socialista.

Los fiscales del Tribunal supremo también aportaron su grano de arena en este dictum de Aznar: 12 de 15 votaron por investigar a Puigdemont por terrorismo en contra del parecer del fiscal jefe del Estado español. Es chocante ver que tuvieron que pasar seis años para que iniciaran una investigación por “terrorismo” y da a entender que el presunto delito de “terrorismo” no debía ser tan grave en ese lejano 2017.

Por otra parte, los senadores españoles del PP tampoco se quedaron atrás e invitaron a Madrid a la Comisión de Venecia –un organismo consultivo dependiente del Consejo de Europa formado por expertos independientes en derecho constitucional–. Los populares pretenden un pronunciamiento negativo de este organismo sobre la amnistía. Sea como sea, ese pronunciamiento, negativo o no, no se dará hasta marzo.

Qué duda cabe de que con sus artimañas los jueces han conseguido crear una brecha entre Junts y el Psoe difícil de puentear.

Aunque finalmente se apruebe la ley de amnistía, esta no la aplicará automáticamente, puesto que los jueces pedirán prejudiciales tanto al Tribunal Constitucional español como al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el TJUE.

De facto, este lawfare dejará en suspenso la ley. Una futurible amnistía aprobada por el Parlamento español no se podrá aplicar durante meses, quizás años, cuando estos tribunales superiores se pronuncien finalmente. Ante este panorama es probable que tanto el Psoe como Junts claudiquen por muy diferentes motivos.

Para estos últimos, es plausible que les parezca inútil votar positivamente una amnistía que no es, y por un regreso de Puigdemont que no será. España, para estos tres actores, no es país para el olvido.

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